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LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

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Para la instrucción de los expedientes gubernativos existe un plazo de 6 meses previsto en el art. 64.1 de la LO. 8/1998, de 2 de diciembre, reguladora del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

 

Considera la Sala Quinta del Tribunal Supremo que el instituto de la caducidad es ajeno al ámbito disciplinario de las Fuerzas Armadas, sin que resulten aplicables las previsiones supletorias, contenidas en la Ley 30/1992 (arts. 44.2 y 92) sobre declaración de caducidad y consiguiente archivo de los procedimientos que rebasen el plazo de tramitación.

 

Señala el Tribunal Supremo, que el art. 25.2 de la LO. 8/1998 establece como  consecuencia de dicho exceso temporal, el nuevo cómputo desde el principio del plazo prescriptivo que corresponda. Así, por ejemplo si el plazo de prescripción es de dos años, si la incoación tuvo lugar, el 2 de febrero de 2009, llegado el día 2 de agosto de 2009, en que concluiría el plazo señalado por la ley para la instrucción del procedimiento sancionador, comenzaría a correr el dicho plazo de prescripción de dos años. (Véanse, sentencias de la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo de fechas 14.02.2001; 24.09.2001; 03.06.2003; 26.01.2004; 03.07.2006; 17.01.2008; 27.12.2007; 04.02.2010; 17.06.2010 y 06.07.2010)

 

Ahora bien, en nuestro criterio, debería comenzarse nuevamente a instruir expediente gubernativo por orden de incoación y dar por inválidas las actuaciones cursadas (en el ejemplo arriba referido, la cursada en fecha 2 de febrero de 2009). Ello, en el supuesto de que se haya rebasado el plazo para la instrucción de los expedientes gubernativos, pues aplicar en tal supuesto, el criterio de la Sala V, del Tribunal Supremo sería derogar implícitamente: (i) el art. 64.1 de la LO. 8/1998, convirtiéndolo en letra muerta; y (ii) igualmente, vaciando de contenido la obligación de resolver de la administración, prevista en el art. 42.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

El que no haya prescrito la falta disciplinaria, no puede confundirse con que lo actuado, en el ejemplo que comentamos, sea válido. Como dijimos, debe archivarse el expediente gubernativo por el transcurso del plazo de 6 meses. Así, serán nulas de pleno derecho aquellas resoluciones administrativas que fundamenten su decisión en un expediente gubernativo instruido con exceso de 6 meses (salvo el plazo de suspensión establecido legalmente), en conformidad con el art. 62.1.e) y 62.2 de la Ley 30/1992, citada.

 

Madrid, 29 de abril de 2011.

Abg. Adolfo José López Fernández. 

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